En el Huila,pozo con energía solar costó 604 millones de pesos y no funciona
Increíble. Recursos por 604 millones de pesos, destinados para suministrar agua potable a un resguardo indígena, quedaron sepultados en la maleza, sin ningún beneficio. La Contraloría anunció que abrirá un juicio fiscal por el millonario despilfarro
Un pozo profundo con energía solar para suministro de agua potable en el resguardo indígena ‘La Gabriela’, en el oriente de Neiva, está perdido entre la maleza.
Las inversiones ejecutadas para la implementación del sistema de acueducto por bombeo también se malograron en medio de la improvisación y la falta de planeación. Aunque se construyó la infraestructura básica, la falta de energía lo dejó inservible.
Aunque parezca curioso después de casi cuatro años de ejecución, la obra quedó inconclusa y los 284 usuarios potenciales no pueden utilizar la infraestructura construida.
Los aportes iniciales ascendieron a 842, 28 millones de pesos. La administración invirtió hasta el momento 604 millones de pesos, enterrados sin ningún beneficio.
El proyecto está en total abandono, el estado en que se encuentran las obras no son funcionales, ya que no tienen instalados los paneles solares, un elemento esencial para que pueda operar.
Los paneles generan la energía para la extracción y transporte del agua hasta la planta de tratamiento y desde aquí al tanque de almacenamiento para su distribución.
Sin estos elementos, las obras realizadas no tienen ningún objeto, configurándose una grave afectación al tesoro público.
El sistema de acueducto quedó entre los 48 proyectos en estado crítico evaluados en el Huila por el Departamento Nacional de Planeación, y financiados con recursos provenientes de regalías petroleras.
Plazos incumplidos
El proyecto financiado con recursos de regalías debía ejecutarse en seis meses. Cuatro años después, es otro monumento al despilfarro. La obra se proyectó durante la anterior administración.
El 28 de septiembre de 2015 Empresas Públicas de Neiva adjudicó el contrato 028 al consorcio Ingeaguas Sas, por un valor de 786 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado.
La actual administración aportó nuevos recursos para la terminación. En el 2017 mediante convenio 905 aportó 134 millones de pesos. De éstos 102 millones de pesos provenían del Sistema General de Participaciones, 30 millones por transferencias del sector eléctrico y 3,9 millones de EPN. Aun así, no pudo terminarse y la obra está en avanzado deterioro. Aunque se realizaron las excavaciones, la falta de energía lo dejó fuera de servicio.
Los pretextos
Durante su ejecución se presentaron numerosas suspensiones, especialmente por incumplimiento en el cronograma y en la ejecución de la obra.
La última suspensión se produjo el 24 de noviembre de 2017. Las obras se reiniciaron el 17 de abril de 2018 con un plazo de tres meses.
Actualmente las obras se encuentran inconclusas con un avance del 80 por ciento, en total abandono y acelerado deterioro. Las obras no han sido recibidas y por lo tanto el contrato no ha sido liquidado. Tampoco hay ambiente para reactivarlo y ponerlo al servicio de la comunidad nativa.
Esta irregularidad, según la Contraloría General de la República, se configurará como un detrimento patrimonial por 604 millones de pesos, correspondiente a los pagos efectuados en las tres actas parciales por las obras ejecutadas.
El hallazgo con incidencia fiscal fue trasladado al despacho competente para que se inicie un eventual proceso de responsabilidad fiscal.
Las anomalías
Según la Contraloría, pese a los requerimientos de la interventoría EPN no ha realizado las gestiones pertinentes para la terminación de la obra y la liquidación del contrato.
La empresa contratante atribuyó a “motivos de fuerza mayor” para autorizar las prórrogas. En primer lugar, advirtió que el contrato de obra fue suspendido por primera vez el 12 de enero de 2016 debido a que el proyecto no tenía la licencia de exploración del pozo profundo por parte de la CAM.
Además, este trámite le correspondía al propio resguardo, pero no se hizo, alegando que no tenían los recursos que demandaba la diligencia.
La obra fue reactivada el 4 de mayo de 2016 pero volvió a suspenderse mientras se realizaban ajustes en el diseño, ante las observaciones que formuló el interventor, Carlos Humberto Trujillo, porque, en su opinión, no cumplían con las normas de sismo resistencia. Incluso un temblor ocurrido el 29 de octubre de 2016 sirvió como pretexto para solicitar nuevos aplazamientos.
Después la temporada invernal fue otra razón para exigir nuevos aplazamientos. Y se hizo. Después argumentaron que el permiso para la exploración otorgado por la CAM expiró y había que renovarlo. Desde entonces quedó paralizado.
Incumplimiento
Según la entidad, el contratista no cumplió el objeto y obligaciones contractuales adquiridas, quedando pendiente el 19,11% de las obras por ejecutar.
Ante esta situación, EPN declaró el incumplimiento e inició el proceso administrativo sancionatorio, como consecuencia de una visita sorpresiva que realizaron funcionarios del organismo de control, encargados de estudiar el estado de la obra.
No obstante, anunció que abrirá un juicio de responsabilidad fiscal porque la obra, actualmente paralizada, no cumplió con el objetivo final.
“Además, dijo, los proceso sancionatorios iniciados contra el contratista no garantizan la terminación de las obras. Tampoco garantiza que lo ejecutado sea funcional”.
Con otros dos agravantes: las obras ejecutadas están expuestas a un deterioro progresivo que implicará nuevas inversiones y la autoridad ambiental no ha expedido los resultados de las pruebas de bombeo.
¿Quién responde?
“Las obras no cumplen con su finalidad, en el estado en que se encuentran no son funcionales. A la fecha no se han instalado los paneles solares, siendo una actividad esencial para el cumplimiento del objeto contractual”, explicó la Contraloría.
“Las obras se encuentran sin terminar, sin recibir y sin liquidar con un avance de ejecución del 80,89% que corresponden a tres pagos parciales por 604 millones de pesos, configurándose un daño al patrimonio”, subrayó el equipo auditor.
“En estas condiciones, es clara la existencia del daño toda vez que con la inyección de recursos para la terminación de las obras, no se logró”.
“Después de más de tres años de ejecución no se han culminado las obras y no se alcanzó la finalidad del convenio con la gran desventaja que el plazo de ejecución del contrato 028 de 2015 se encuentra vencido, no se logró la amortización del 50% del anticipo, las obras no se terminaron y no han sido recibidas por parte de la entidad contratante”, concluyó el organismo fiscalizador.
